Bajo la fachada de comisarías, escuelas militares o locales comerciales, las huellas del terror trazadas por el último golpe de Estado permanecieron durante años como un elemento más del paisaje de las ciudades, a pesar de las denuncias de vecinos y testigos que las señalaban como testimonio del horror de la dictadura. En el trayecto que va desde su existencia incógnita hasta su reconocimiento como espacios de memoria, las universidades aparecen como un elemento clave en el acompañamiento a las organizaciones de derechos humanos en su lucha por señalizar los antiguos centros clandestinos.

Con colaboraciones en el reacondicionamiento de la infraestructura, aportes a las investigaciones históricas y proyectos jurídicos que permitan la desafección de los edificios de sus funciones, varias casas de estudios superiores han emprendido tareas para la reconstrucción de esos espacios ubicados en todo el país, en el marco de la ley sancionada en 2011 de “Preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria”.

El Suplemento Universidad indagó en los aportes de las universidades nacionales de Rosario (UNR), Quilmes (UNQ), Cuyo (UNCUYO) y San Martín (UNSAM) en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La lucha de la “La Vigil”

El 25 de febrero de 1977, cuando el jefe de la Policía de Santa Fe, Agustín Feced, se presentó en persona en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil de Rosario, de la pujante institución de años anteriores quedaban sólo rastros: los vaivenes políticos y sociales del país habían eclipsado lo que fue uno de los proyectos educativos más interesantes del siglo XX en América Latina. Con el chivo expiatorio del endeudamiento de “La Vigil”, las fuerzas represivas usurparon ese lugar que consideraban “apátrida y marxista” y que había estado en la mira de las dictaduras anteriores.

Nacida como una sección de la sociedad vecinal de los barrios obreros La Tablada y Villa Manuelita, la biblioteca fundada en 1944 experimentó un crecimiento exponencial cuando a unos socios se les ocurrió organizar rifas con premios muy atractivos. Los sorteos crecieron y en la década del sesenta los compradores de billetes se ilusionaban desde distintas provincias con que el suyo sea el número ganador de algún auto, casa o departamentos.

Traccionada por este ingreso económico, la biblioteca se convertirá en una “institución inédita en América Latina”, según la define Natalia García, doctora en Educación por la UNR y autora de El caso Vigil, un recorrido socio cultural, político y educativo por la historia del establecimiento. A partir de los sesenta, “La Vigil” contó con un museo, un observatorio astronómico, una editorial, una universidad popular y un centro recreativo de más de 30 hectáreas frente al Paraná, proyectos e infraestructura que estrechaban lazos con estudiantes y profesionales de la universidad local.

Durante la intervención militar, al margen del saqueo patrimonial y el genocidio cultural del centro que lo alejará de la comunidad hasta 2008, el capítulo más oscuro estuvo rubricado por la desaparición de una veintena de socios y el secuestro y la tortura de ocho miembros de la comisión directiva.

A partir de la restitución de sus bienes y su señalamiento como sitio de memoria en 2015, los cruces entre “La Vigil” y la UNR han sido permanentes. “La biblioteca integra el Consejo Asesor de Derechos Humanos de la Universidad y sostiene convenios con diferentes facultades”, detalla García.

Esta relación “estrecha y sistemática” entre ambas entidades tiene uno de los puntos de contacto más interesantes en el terreno de los juicios por los delitos, tanto de lesa humanidad como económicos, perpetrados por la dictadura. “En los juicios se hicieron presentes testigos expertos que vienen de la universidad. Sergio Arelovich es un perito contable que pudo dar la prueba de que en ‘La Vigil’ no hubo una malversación de fondos”, explica la investigadora y agrega que también “hay un aporte específico de actores de la universidad colaborando en los juicios por delitos de lesa humanidad”.

Hoy, por “La Vigil” circulan estudiantes y docentes de diferentes facultades de la UNR, y en la medida en que “necesita de la expertiz en diferentes campos” acude a la universidad en busca de asistencia.

Arqueología del terrorismo de Estado

En la esquina de Garibaldi y Allison Bell funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes, perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por allí pasaron, entre 1975 y 1979, al menos 250 víctimas del terrorismo de Estado. El “Pozo de Quilmes” formó parte del “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos de detención que tenía como otra de sus estaciones a la Subcomisaría de Don Bosco –al nordeste del partido de Quilmes–, o “Puerto Vasco”, por donde pasó el periodista Jacobo Timerman, entre otros secuestrados.

Marcada por la presencia de estos dos espacios, desde 2008 la UNQ comenzó a realizar las jornadas “Historia, Memoria y Comunicación”, un encuentro para luchar contra el olvido. Unos años más tarde, se gestó el proyecto de extensión “Universidad, Memoria y Ciudadanía” y a partir de 2013 sus integrantes realizaron un trabajo de sistematización de datos de desaparecidos, asesinados y lugares que habían sido utilizados como apoyatura a la represión. El resultado fue el libro Arqueología del terrorismo de Estado en el partido de Quilmes, publicado en 2016 por la editorial de la UNQ.

“Ese mismo año se configuró en Quilmes un proceso colectivo para el desarrollo de un proyecto de ley que desafecte de sus funciones a lo que había sido el Pozo de Quilmes”, relata Luciano Grassi, director del proyecto de extensión y docente e investigador de la universidad.

La ley se aprobó y en la cogestión del sitio se incluyó a la UNQ. “A partir de ahí la universidad empieza a tener un vínculo más cercano: organiza visitadas guiadas masivas, proyectos vinculantes, actividades de materias y cursos en relación al Pozo y tiene participación en eventos académicos”, explica Grassi. La estrechez en la relación desemboca en la creación del diploma de extensión “Diseño institucional y gestión de sitios de memoria”.

“Este año, en ese contexto, surge el reclamo histórico de que Puesto Vasco, un centro clandestino en el que se percibieron delitos económicos, como el caso Papel Prensa, pueda tener un lugar que recupere esas memorias”, agrega el docente.

Donde operó Puesto Vasco funcionó hasta junio una Comisaría de la Mujer, en una situación edilicia muy complicada por el deterioro. En paralelo a la decisión de construir otra comisaría, la intendencia gestionó la cesión del edificio a varias instituciones, entre las que se encuentra la UNQ, que cogestionará el lugar de forma directa. “Esto es una novedad en términos institucionales. En el país no hay una experiencia anterior de una universidad que gestione de forma directa un sitio”, subrayó Grassi.

Por una pedagogía de la memoria

“¿Cómo enseñar lo inenseñable?”. Esa es la gran pregunta que ordena los objetivos del proyecto de “Pedagogía de la Memoria”, que el sociólogo Néstor Navarro encabeza en la UNCUYO. Para traducir esa experiencia del horror desde la narración de la memoria, el docente utiliza de pivote a un sitio anclado en pleno centro de Mendoza: el ex Departamento de Informaciones 2 (exD2) de la Policía de esa provincia, que funcionó como el centro de detención, tortura y exterminio más grande de la zona.

Recuperado en 2014, fue eje de varias actividades salidas de la UNCUYO, una casa de estudios con una marcada perspectiva en derechos humanos, que ha colaborado en los juicios por delitos de lesa humanidad y en las excavaciones en busca de desaparecidos en el cementerio de la capital provincial.

El proyecto, financiado por el Programa Mauricio López de la universidad, persigue “promover una pedagogía de la memoria en los docentes para el desarrollo de una actitud crítica, racional y democrática y construir, junto a los jóvenes, un espacio de participación, compromiso y reflexión para el abordaje de la memoria colectiva”, explica Navarro.

Recientemente comenzaron con los primeros recorridos por el espacio, sobre los que se planea programar talleres y charlas a realizarse tanto en la universidad como en el exD2 para analizar las estrategias de enseñanza aplicadas en función de sistematizar una pedagogía de la memoria.

Navarro destaca la importancia de “trabajar colaborativamente en un encuentro de saberes, conscientes de que los espacios de formación colectiva como este son necesarios para renovar las miradas, las estrategias, problematizar las certezas” que se tienen en torno a las formas de enseñar el terrorismo de Estado.

La ESMA resignificada

El acercamiento del ámbito académico a la esfera territorial, dominada fundamentalmente por las organizaciones de derechos humanos, no siempre fue tan fluido. Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA (ex Escuela Mecánica de la Armada), no esconde su inicial “posición discutidora” frente al intercambio entre las esferas institucionales y los organismos. “Yo decía que la academia iba para un lado y las organizaciones para otro”, señala. Sin embargo, las experiencias colaborativas con distintas universidades y con la UNSAM, en particular, cambiaron su postura. “Ahora estoy recontenta, porque hemos logrado una muy buena articulación entre nuestro trabajo territorial y las universidades y académicos”, señala.

La ex ESMA constituye tal vez el epítome de la política por convertir centros clandestinos de detención en sitios de memoria. Entendido como un testimonio de verdad y una prueba judicial de las atrocidades de la dictadura, el espacio se anticipó a la Ley 26.691 (2011): fue propuesto como Espacio para la Memoria y para la Promoción de los Derechos Humanos el 24 de marzo de 2006 por el presidente Néstor Kirchner. El predio, de 17 hectáreas y que contó en su momento hasta con una sala de maternidad para las víctimas, fue desocupado por la Armada tres años más tarde. Actualmente, el museo integra una lista del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO como candidato para ser declarado “patrimonio mundial”.

“Todo lo que fue el proyecto museográfico lo hicimos con la UNSAM”, detalla Naftal y agrega que participaron “arquitectos, patrimonialistas e historiadores, creando un equipo interdisciplinario” para el emplazamiento del sitio a partir de 2013.

El trabajo mancomunado involucró al Instituto de Arquitectura, la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM e integrantes de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES), quienes también colaboraron en la muestra museográfica y en el dossier histórico enviado a la UNESCO.

Acerca de la participación de las universidades en los sitios y de la incorporación –como en el caso de la UNQ– de formaciones específicas sobre gestión de la memoria a las ofertas académicas, Naftal recalcó que “el tema de los derechos humanos y la memoria se convirtió en parte del ADN nacional”.

“A los académicos los convocamos para que nos piensen, pero no de arriba hacia abajo, sino para que nos pensemos conjuntamente”, aclara Naftal y concluye: “Si la memoria se queda instalada sólo en las instituciones, se va a transformar en una memoria oficial. Tiene que haber permanentemente disparadores; estos están en la calle, en las demandas del presente y en las construcciones colectivas”.

[Fuente: Página 12]